Aporías electorales

Supóngase que Juan Schiaretti ganó las elecciones a gobernador de la provincia de Córdoba. Con ello, supóngase que el candidato opositor Luis Juez jamás tuvo motivos para pensar que hubo fraude y que las actas electorales no fueron fraguadas.

La situación en Córdoba parecería plantear un problema de mayor perdurabilidad que el que se debate entre juecistas y pejotistas, y que se dirige al propio sistema electoral de la provincia, en el que es suficiente alcanzar una diferencia porcentual mínima para asumir un cargo.

Acaso la consecuencia menos conflictiva de un sistema de este tipo sea la sospecha de fraude que puede despertar. Pero si la incertidumbre sobre la legitimidad de las elecciones puede encontrar un fin –y por eso podría ser menos problemática- o bien en la confianza que el pueblo deposita en los escrutinios, o bien, como ahora lo pide el Frente Cívico y Social de Juez, abriendo las urnas, un segundo problema parecería ser indecidible.

¿Qué grado de representación tiene un gobernador que ganó con el 37 por ciento de los sufragios? De ninguna manera la pregunta niega que, de hecho, la tenga pero, en ese caso, la respuesta debería pensarse en la medida en que sólo una minoría es representada. Esto supone, por un lado, la ya conocida concentración del poder en manos de unos pocos. Pero, también, la dificultad para gobernar una provincia en la que el segundo candidato sólo obtuvo un uno por ciento menos que el ganador.

Sea, pues, que se tome la situación política que atraviesa la provincia como premisa, sea que se opte por los supuestos arriba mencionados, infiérase que, a partir de diciembre, el 50 por ciento de la población cordobesa será gobernada por un candidato que poco la representa.

Opinión realizada en 2007.